Nueve universidades se integran a programas de salud mental en cárceles dominicanas

En República Dominicana, la salud mental dentro de las cárceles se ha convertido en una preocupación urgente. Una noticia reciente informó que nueve universidades dominicanas apoyarán programas de salud mental, rehabilitación y reinserción social dirigidos a más de 25,000 privados de libertad. La iniciativa surge debido a la insuficiente atención psicológica que recibe esta población en el sistema penitenciario nacional.

Las universidades que participarán son la UASD, PUCMM, UNIBE, UTE, INTEC, UNEFA, UFHEC, ITSC y UAPA. A través de esta colaboración, profesores, investigadores y estudiantes desarrollarán intervenciones psicológicas, educativas, ocupacionales y de reinserción dentro de los centros penitenciarios.

El dato más alarmante es que, según la información publicada, el sistema penitenciario dominicano contaba con apenas 52 psicólogos para atender a una población de aproximadamente 25,000 reclusos. Además, estudios citados por el Colegio Dominicano de Psicólogos estiman que se necesitarían alrededor de 200 especialistas para responder adecuadamente a la demanda.

Desde una mirada psicológica, esta noticia es sumamente importante porque la prisión no solo implica pérdida de libertad física. También implica aislamiento, separación familiar, incertidumbre, culpa, frustración, exposición a violencia, pérdida de identidad social y deterioro emocional. Todos estos factores pueden aumentar síntomas de ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias, agresividad, desesperanza e incluso riesgo suicida.

La cárcel puede convertirse en un espacio de castigo, pero también puede ser un espacio de transformación si se trabaja desde la salud mental, la educación, la rehabilitación y la reinserción social. No basta con encerrar a una persona; si no se intervienen sus patrones de conducta, sus traumas, sus adicciones, sus distorsiones cognitivas y sus habilidades sociales, el sistema solo devuelve a la sociedad una persona más deteriorada.

Uno de los puntos más preocupantes de la noticia es que se señala que la depresión y la ansiedad figuran entre las condiciones más frecuentes dentro del sistema penitenciario, seguidas por trastornos relacionados con el consumo problemático de sustancias, psicosis y alteraciones de la percepción. También se reportó la existencia de 508 internos con trastornos mentales graves, en medio de deficiencias de atención médica, hacinamiento y falta de infraestructura especializada.

La psicología penitenciaria no es un lujo. Es una necesidad social.

Un país que quiere reducir la reincidencia delictiva necesita trabajar con la mente, la conducta y la historia personal de quienes están privados de libertad. La rehabilitación no se logra solamente con vigilancia. Se logra con evaluación psicológica, intervención clínica, educación emocional, tratamiento de adicciones, programas ocupacionales, terapia grupal, manejo de impulsos, prevención de violencia, acompañamiento familiar y proyectos reales de reinserción.

Esta noticia también abre una puerta importante para los estudiantes de psicología en República Dominicana. La intervención penitenciaria puede convertirse en un campo de formación clínica, social y criminológica de enorme valor. No se trata solo de “hacer prácticas”; se trata de formar profesionales capaces de comprender la relación entre trauma, pobreza, violencia, consumo de sustancias, conducta delictiva y salud mental.

Desde el punto de vista clínico, muchos privados de libertad no necesitan únicamente castigo. Necesitan evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Desde el punto de vista social, muchas cárceles no deben funcionar como depósitos humanos, sino como instituciones capaces de reducir el daño psicológico y preparar a la persona para una posible reintegración.

La noticia también conecta con el Plan Nacional de Salud Mental 2026-2030, que incluye proyectos de salud mental penitenciaria y busca fortalecer la atención en salud mental en el país. Ese plan contempla, entre otras medidas, ampliar las unidades de intervención en crisis de 18 a 89 centros y aumentar la disponibilidad de camas de 137 a más de 500.

En conclusión, esta iniciativa puede marcar un antes y un después en la psicología dominicana si se ejecuta con seriedad, supervisión ética y continuidad. La salud mental penitenciaria no solo beneficia a los internos: también protege a la sociedad.

Porque una persona que sale de prisión sin tratamiento puede regresar más dañada. Pero una persona que recibe intervención psicológica, educación y oportunidades reales puede tener más posibilidades de reconstruir su vida.